Ceremonial de Estado y libertad religiosa: cuando la creencia personal se encuentra con la representación institucional

Hallazgo

En el marco de la contienda electoral colombiana, un candidato a la Vicepresidencia de la República participó en un acto religioso en la Basílica del Voto Nacional, donde realizó una consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús y un acto de veneración a la Virgen María.

El hecho generó una conversación pública alrededor de una pregunta fundamental: ¿Cómo deben interpretarse los actos religiosos realizados por personas que aspiran a ejercer la máxima representación del Estado en un país constitucionalmente pluralista?

La pregunta no está relacionada con la libertad individual de profesar una fe. Ese derecho está protegido constitucionalmente. El análisis corresponde a otro ámbito: el significado institucional que adquieren ciertos actos cuando son realizados por figuras públicas que aspiran a representar a todos los ciudadanos.

Análisis

La Constitución Política de Colombia reconoce en su artículo 19 la libertad de cultos y establece que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

Asimismo, aunque el Preámbulo constitucional invoca la protección de Dios, Colombia se define como un Estado pluralista que garantiza la igualdad de todas las confesiones religiosas.

Esta diferencia es fundamental.

Una cosa es la referencia a Dios como expresión histórica y espiritual presente en el texto constitucional; otra, diferente, es la identificación oficial del Estado con símbolos o prácticas propias de una confesión religiosa específica.

El Sagrado Corazón de Jesús y la devoción mariana corresponden a expresiones propias del catolicismo. Para millones de colombianos representan una profunda tradición espiritual; sin embargo, no constituyen una expresión compartida por todas las creencias existentes en el país.

Colombia está integrada por ciudadanos católicos, evangélicos, protestantes, miembros de comunidades indígenas con sus propias cosmovisiones espirituales, personas de otras religiones, agnósticos y ciudadanos que no profesan ninguna creencia religiosa.

Precisamente por esa diversidad, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-350 de 1994, analizó la relación entre el Estado colombiano y determinadas manifestaciones religiosas. En dicha decisión declaró inexequible la norma que establecía la consagración oficial anual de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, al considerar que el Estado no puede adoptar una religión específica como propia, en respeto del principio de igualdad y del pluralismo religioso.

Esto no significa limitar la libertad religiosa de los ciudadanos.

Una persona puede orar, participar en ceremonias religiosas y expresar públicamente sus creencias. Esa libertad hace parte de una sociedad democrática.

Sin embargo, cuando una persona ejerce o aspira a ejercer una función de representación estatal, sus actos públicos adquieren una dimensión adicional: comunican una postura institucional.

En ceremonial y protocolo, los símbolos, los espacios y los gestos tienen significado. No son únicamente expresiones personales; también transmiten mensajes sobre quién representa a quién y bajo qué principios.

Dictamen protocolario

La libertad religiosa es un derecho individual que debe ser protegido. Al mismo tiempo, la representación del Estado exige reconocer la diversidad de quienes forman parte de la nación.

Una autoridad pública puede tener convicciones religiosas profundas. Esa dimensión pertenece a su esfera personal y merece respeto.

Pero quien aspira a gobernar representa a ciudadanos con distintas creencias y convicciones. Por ello, los actos institucionales deben observar el principio de neutralidad religiosa del Estado, no como ausencia de valores, sino como garantía de igualdad y respeto.

El desafío de una democracia pluralista consiste precisamente en permitir que todas las personas puedan creer, mientras el Estado permanece abierto y garante para todos.

La fe pertenece a las personas. La representación institucional pertenece al Estado. Comprender esa diferencia es esencial para interpretar correctamente el ceremonial público.

Fuentes de referencia

• Constitución Política de Colombia, artículo 19.
• Sentencia C-350 de 1994, Corte Constitucional de Colombia.
https://x.com/UltimaHoraCR/status/2065563425904656663/photo/1